Dos jóvenes huérfanas de padre y madre, del municipio de Argelia de María, hicieron pública una denuncia en la que indicaron que presuntamente se les estaba negando el derecho a la educación, debido a las dificultades económicas que enfrentan y a la negativa inicial para permitirles estudiar en una sede rural. Se trata de Kely Yulied Galvis Dávila, de 17 años, y Astrid Dahiana Gálvez Galvis, de 19, quienes actualmente cuentan únicamente con el apoyo de su abuela, una adulta mayor que no tiene estabilidad económica suficiente para cubrir los gastos que implica estudiar en una institución urbana.

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Según su relato, ambas jóvenes solicitaron a las directivas de la institución educativa Santa Teresa, ubicada en el casco urbano, poder cursar sus estudios en una sede rural del municipio, argumentando que esta opción les resultaba más viable económicamente; pero dicha solicitud supuestamente fue negada. En el caso de la hermana mayor, se le informó que debía ingresar a un programa para personas en extraedad, como sabatino o nocturno.

Las jóvenes manifestaron que ya habían recibido apoyo de la comunidad, incluyendo la donación de uniformes correspondientes a una institución rural, y que el cambio de sede implicaría nuevos gastos que no pueden asumir.

Respuesta de la institución educativa y la Alcaldía

A través de un pronunciamiento oficial, el comité de cupos y asignación de matrículas informó que, desde el inicio del proceso, a ambas jóvenes se les brindó atención integral acorde a sus necesidades pedagógicas y sociales. Inicialmente, se dispuso de atención educativa tanto en la institución educativa Santa Teresa como en la institución educativa rural Coredi, teniendo en cuenta las particularidades de cada joven.

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No obstante, tras recibir orientaciones de la dirección del núcleo educativo, el comité resolvió garantizar la atención de ambas estudiantes en la institución educativa Santa Teresa. Así lo dijo Sebastián Vanegas, coordinador de asuntos educativos de la Alcaldía de Argelia de María:

«Es preciso observar que al momento de la solicitud verbal de ambas jóvenes se hace constar su alto grado de vulnerabilidad por orfandad y la dependencia que tiene su señora abuela por sus cuidados. En mérito a estas circunstancias sociales, el comité de cupos y asignación de matrículas resuelve garantizar la atención en los centros educativos más cercanos a su lugar efectivo de residencia, demostrándose así que nunca existió tal vulneración de derechos».

Finalmente, el comité rechazó lo que calificó como una instrumentalización del caso con fines políticos y reiteró su compromiso con la comunidad educativa del municipio.

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