El presidente del Concejo Distrital de Medellín, Alejandro De Bedout Arango, denunció un presunto bloqueo contractual por parte del Gobierno nacional que estaría frenando la ejecución de obras urgentes en el aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro.

Según explicó el concejal, la denuncia se sustenta en una investigación basada en respuestas a derechos de petición, con las que —asegura— se evidenció que el Gobierno no ha suscrito el otrosí número 27, documento técnico que permitiría avanzar en un plan de modernización del aeropuerto y que ya fue aprobado por el Comité de Contratación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) desde el 26 de diciembre de 2025.

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De Bedout señaló que este otrosí habilitaría la ejecución de un «Plan de Choque» por 397 646 millones de pesos, financiado en su totalidad por el concesionario AirPlan S. A. S., sin requerir recursos del presupuesto nacional. «Resulta inaudito que el Gobierno nacional frene una inversión que no le cuesta un solo peso al país», afirmó.

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El concejal advirtió que la terminal aérea enfrenta un rezago de 14 años frente a su capacidad proyectada. Mientras el Plan Maestro estimaba movilizar 13,5 millones de pasajeros en 2036, esta cifra ya fue alcanzada y superada entre 2022 y 2024, lo que ha generado presión sobre la infraestructura existente.

Entre las principales afectaciones mencionadas están la congestión en zonas de check-in, filtros de seguridad, plataformas, áreas de migración y salas de espera. Además, alertó sobre la necesidad de una intervención estructural en la pista, la cual —según indicó— no ha recibido un mantenimiento integral en cerca de 40 años.

El cabildante también explicó que uno de los principales obstáculos es la denominada «regla del 75 %», una disposición contractual que limita la ejecución de obras adicionales. El otrosí número 27 buscaría actualizar esta condición y permitir al menos 14 intervenciones prioritarias en la terminal aérea.

Desde el Concejo de Medellín se hizo un llamado al Ministerio de Transporte y a la ANI para avanzar en la firma del documento y destrabar las obras. «Se está poniendo en riesgo la seguridad de usuarios y la competitividad de la región», concluyó De Bedout. Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha emitido una respuesta oficial frente a estas declaraciones.