En el Concejo de Medellín se debatió una de las problemáticas más latentes de la capital antioqueña: el crecimiento de construcciones ilegales y la supuesta desarticulación entre corregidurías y entidades de control de los cinco corregimientos del distrito: Altavista, San Sebastián de Palmitas, San Antonio de Prado, Santa Elena y San Cristóbal. Se expuso que lo que antes eran focos de expansión rural ordenada hoy se está convirtiendo en territorios donde avanzan obras sin licencia, asentamientos en zonas de riesgo y disputas por servidumbres que rompen la convivencia cotidiana.

¡Feliz miércoles! Hoy en #PlenariaCM se realizará debate de control político con el objetivo de evaluar las acciones institucionales desarrolladas en los corregimientos del Distrito de Medellín frente a las problemáticas relacionadas con comportamientos contrarios a la integridad…

— Concejo de Medellín (@ConcejoMedellin) November 26, 2025

El concejal Andrés Felipe Tobón, de la bancada citante, expuso supuestas inconsistencias entre lo que reporta la Secretaría de Gestión y Control Territorial y lo que registran las corregidurías, pues explicó que, mientras la Secretaría afirma haber enviado 2 902 informes técnicos de este tipo de edificaciones en los últimos tres años, las corregidurías solo reconocen como casos activos 1 405, el 48 %, lo que deja en el aire más de la mitad de los casos, lo cual fue calificado como un indicio de fallas graves en el control interno y en la trazabilidad de los procesos por parte de las entidades encargadas.

Le puede interesar: Wilmar Mejía renuncia al CSU de la UdeA en medio de tensiones por el caso Calarcá

Hay que recordar que los corregidores pueden actuar como autoridades administrativas en su jurisdicción, a través de la delegación de tareas y haciendo cumplir funciones asignadas por la ley, como la recepción de denuncias o la colaboración en la vigilancia y el control de actividades de construcción dentro de su jurisdicción. 

Una discrepancia significativa entre las cifras reportadas por las corregidurías y la información entregada por la Secretaría de Gestión y Control Territorial abrió un nuevo debate sobre la gestión de las afectaciones urbanísticas en Medellín.

De acuerdo con la Secretaría de… pic.twitter.com/1lUE0Bo8Nv

— Concejo de Medellín (@ConcejoMedellin) November 26, 2025

Por otro lado, el experto de la veeduría Medellín Avanza, Daniel Salazar, expuso que un informe radicado ante la Junta de Acción Local reportó 263 obras suspendidas desde 2024 en la corregiduría de San Antonio de Prado, pero las respuestas posteriores indicaron solo 154 en total para 2023, 2024 y 2025, una diferencia de 109 casos que aún carece de explicación. 

Habitantes de los corregimientos presentes en plenaria expresaron que en los territorios el desorden avanza más rápido que la presencia institucional, y se expresa a través de peleas por caminos, servidumbres cerradas sin autorización, veredas que crecen sin ningún control y una sensación generalizada de que no hay autoridad suficiente para intervenir. 

Leer más: La isla de Malpelo, en Colombia, es una de las áreas con mayor cantidad de tiburones del planeta

Los corregidores señalan falta de personal operativo

Corregidores presentes señalaron que los procesos de demolición de construcciones irregulares tardan porque requieren varios informes antes de tomar decisiones y que la falta de personal operativo en territorio aumenta los tiempos y las dificultades. Reconocieron que gran parte de las obras irregulares surgen por desconocimiento de los suelos, ausencia de licencias y presión social por vivienda, pero se comprometieron a mejorar la atención.

Señalaron que la corregiduría de San Cristóbal es una de las más rezagadas en respuestas y controles, lo que ha permitido que las construcciones ilegales crezcan sin freno; además, cuestionaron que el presupuesto para demoliciones sea insuficiente y muchas actuaciones no se ejecuten por falta de capacidad operativa. 

Respuesta de la Secretaría de Gestión y Control Territorial

El secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez, explicó que entre 2023 y 2025 se remitieron 2 856 informes técnicos a los corregimientos, cifra superior al número de PQRS recibidas debido a intervenciones interinstitucionales, solicitudes internas y acciones del Comité Operativo de Ciudad. 

Sin embargo, también confirmó que el modelo institucional actual no está preparado para enfrentar la escala del fenómeno. La autonomía aislada de las corregidurías y la ausencia de un sistema unificado de seguimiento hacen que muchas actuaciones técnicas no se traduzcan en sanciones ni en contención efectiva del crecimiento informal, afirmó. 

Reiteró que, a pesar de esfuerzos operativos significativos, como recorridos, remociones y acciones pedagógicas, su dependencia no tiene competencia para hacer seguimiento a los procesos, pues estos corresponden a las corregidurías y la vigilancia de medidas correctivas recae en la Secretaría de Seguridad y Convivencia.