Foto: Referencia-MiOriente.

La Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia declaró alerta sanitaria por la situación que enfrentan 3 millones de afiliados a EPS intervenidas por el Gobierno nacional, quienes reportan barreras para acceder a medicamentos, citas médicas y procedimientos esenciales, con consecuencias directas sobre la estabilidad del sistema de salud departamental.

Nueva EPS: de 60 % a 20 % en cobertura

El caso más crítico es el de Nueva EPS, que cuenta con cerca de un millón de afiliados en Antioquia. Según datos de la Secretaría, el indicador de acceso a servicios de salud de esta entidad pasó de cerca del 60 % a comienzos de 2024 al 20 % en 2025, cuando ya se encontraba intervenida. En términos prácticos, solo uno de cada cinco pacientes logra ser atendido con oportunidad.

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Diego Alejandro Villa Valderrama, secretario (e) de Salud e Inclusión Social de Antioquia, detalló que más de 510 pacientes no han podido ser remitidos a otras instituciones o servicios, de los cuales 192 pertenecen a Nueva EPS. Además, esa entidad tiene contrato vigente para dispensación de medicamentos en apenas 20 de los 125 municipios del departamento.

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«Inhumano», así describen usuarios la entrega de medicamentos en Tododrogas en Rionegro Plaza.

Desde la madrugada, personas del Oriente antioqueño hacen fila por un ficho que no garantiza atención ni disponibilidad. Hay reportes de filas desde las 4:00 a. m., más de 200 turnos… pic.twitter.com/ias8zCgyN2

— MiOriente (@MiOriente) March 25, 2026

Cierres hospitalarios y crisis humanitaria

La semana anterior, dos instituciones prestadoras de servicios cerraron su atención a usuarios de Nueva EPS en Antioquia: el Hospital Alma Mater, por una deuda superior a los 53 000 millones de pesos, y la Clínica CardioVID, también por incumplimiento en pagos. El secretario alertó además sobre el impacto económico en los hogares: un afiliado con salario mínimo podría estar destinando aproximadamente 800 000 pesos anuales de su bolsillo para cubrir gastos que debería asumir su EPS.

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Gustavo Adolfo Campillo, representante de Pacientes Colombia y de la Fundación Rasa, calificó la situación como una crisis humanitaria. «Pacientes trasplantados que tenían 20 años con un trasplante están perdiendo el órgano porque no se les suministran los medicamentos», declaró Campillo, quien señaló al Gobierno nacional como responsable de las decisiones que derivaron en este colapso.

Exigencia al Gobierno nacional

La Secretaría de Salud de Antioquia calificó las fallas como inaceptables y reiteró su solicitud formal al Gobierno nacional para que restablezca la garantía de prestación de servicios, asegure el flujo oportuno de recursos hacia la red prestadora y proteja el derecho fundamental a la salud de los afiliados afectados.

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