El Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís ordenó este viernes 11 de septiembre la suspensión temporal inmediata del plan piloto de aspersión aérea con el herbicida Glufosinato de Amonio 200 SL, el cual el Gobierno de Abelardo de la Espriella pretendía ejecutar en el departamento del Putumayo.

La decisión judicial frena de manera preventiva la aplicación de la resolución 0007 del 18 de agosto de 2026, emitida por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), mientras el despacho analiza de fondo una acción de tutela promovida para proteger los derechos fundamentales a la salud, al agua y a un medio ambiente sano en las comunidades de la región.

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La orden fue adoptada por el juez Germán Alberto Mora Mena dentro del expediente constitucional impulsado por Jhonatan Enrique Meneses Valencia, en representación de la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social. El recurso judicial fue dirigido contra la Presidencia de la República, el CNE, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Diran), los Ministerios de Ambiente, Salud, Agricultura y Justicia, el Ejército Nacional, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

El juez resolvió «decretar como medida provisional de protección la suspensión temporal de cualquier actividad de aspersión aérea con Glufosinato de Amonio que pretenda ejecutarse dentro del territorio del departamento del Putumayo», precisando que la suspensión se mantendrá hasta que se recaude la totalidad de las pruebas requeridas y se adopte un fallo definitivo. Asimismo, la decisión vinculó al proceso a entidades territoriales y ambientales como Corpoamazonía, el Departamento del Putumayo, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Ideam.

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Alcance del plan piloto aprobado por el Gobierno

El suspendido plan piloto buscaba evaluar por primera vez la efectividad de la fumigación aérea utilizando Glufosinato de Amonio 200 SL, un producto de clasificación clase II según la Organización Mundial de la Salud (OMS), considerado «moderadamente peligroso».

De acuerdo con la resolución firmada por el viceministro de Política Criminal, Carlos Gónima Díaz-Granados, y la secretaria técnica del CNE, Linda Giselle Suárez, la prueba experimental contemplaba una duración máxima de siete días calendario y una cobertura de hasta 1000 hectáreas intervenidas bajo la ejecución logística de la Diran.

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