El Gobierno Nacional expidió 11 decretos para enfrentar las consecuencias de la emergencia ocasionada por el terremoto de hace un mes, y acelerar la recuperación de las zonas afectadas. 

Las medidas, firmadas en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, buscan principalmente movilizar recursos, fortalecer las capacidades de alcaldías y gobernaciones, recuperar infraestructura y garantizar la continuidad de servicios esenciales.

Una de las principales decisiones es la creación del Fondo Milagro, mediante el Decreto 1379, que será el instrumento para canalizar recursos públicos, privados y de cooperación destinados a la atención humanitaria, recuperación, rehabilitación, reconstrucción y reactivación económica de los territorios afectados. 

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También se expidió el Decreto 1380, que permite utilizar recursos del FONDES para apoyar la recuperación de la infraestructura eléctrica afectada y garantizar la continuidad del servicio en las zonas donde persisten daños en las redes.

🇨🇴🙏🏻Hoy, 10 de septiembre, se cumple un mes del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia. El balance oficial más reciente reporta 331 personas fallecidas, 4.505 heridas y más de 466.700 personas afectadas, pertenecientes a cerca de 294.000 familias. El sismo golpeó 16… pic.twitter.com/DozMMb5GIe

— MiOriente (@MiOriente) September 10, 2026

Los decretos 1381 y 1382 están dirigidos a entregar mayores herramientas financieras a las entidades territoriales. El primero permite que departamentos, municipios y distritos puedan financiar proyectos de recuperación fuera de sus propios territorios, facilitando que regiones con mayor capacidad apoyen a las zonas damnificadas. El segundo autoriza a gobernadores y alcaldes afectados a buscar nuevas fuentes de financiación para la reconstrucción, incluyendo mecanismos relacionados con créditos, rentas futuras y otras alternativas, bajo condiciones y plazos establecidos en la norma.

Otro bloque de medidas busca liberar capacidades existentes. El Decreto 1383 permite, por una única vez, acceder a recursos excedentes del FONPET, destinados normalmente a obligaciones pensionales territoriales, y utilizar excedentes del sector salud para recuperar infraestructura de hospitales y clínicas públicas afectadas. 

A esto se suma el Decreto 1384, que permite simplificar temporalmente trámites, reducir requisitos y facilitar la atención de los ciudadanos ante las entidades públicas durante la emergencia.

Los decretos restantes se concentran en información y educación. El 1385 permite acceder a información estadística reservada del DANE cuando sea necesaria para identificar a personas, hogares, viviendas y territorios afectados; el 1386 autoriza el uso de espacios físicos alternos y modalidades remotas para garantizar la continuidad de las clases; el 1387 suspende temporalmente una obligación relacionada con las auditorías de matrícula; y el 1388 permite reorganizar y flexibilizar el calendario académico en las zonas afectadas. Finalmente, el Decreto 1389 amplía la modalidad de obras por impuestos para que el sector privado pueda participar en proyectos de reconstrucción en los territorios afectados por el terremoto.

El paquete representa así el paso de la respuesta inmediata a una etapa enfocada en la recuperación y reconstrucción. 

Según el último balance presentado por el Gobierno, el terremoto dejó 331 personas muertas, 452.782 personas afectadas, pertenecientes a 213.400 familias, en 497 municipios de 16 departamentos, además de daños en viviendas, colegios, centros de salud, acueductos, puentes y vías.

La apuesta oficial es que las nuevas herramientas permitan acelerar la llegada de recursos y la ejecución de las obras necesarias para recuperar las zonas más golpeadas.

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