(EFE).- Los grupos armados ilegales de Colombia crecieron un 90 % durante el mandato del expresidente Gustavo Petro (2022-2026), según alertó este jueves un informe elaborado por varias organizaciones de derechos humanos del país.

El reporte fue divulgado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) y la plataforma ciudadana Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, que agrupa a 125 organizaciones del país.

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De acuerdo con las cifras recogidas por estas organizaciones, el número de integrantes de grupos armados ilegales subió de 15 120 en diciembre de 2022 a 28 802 miembros en julio de 2026.

El informe detalló que el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, creció un 152 % a nivel nacional, alcanzando un control territorial en al menos 429 municipios de los 1 103 que tiene Colombia, lo que equivale a un 38,8 %.

Por su parte, las disidencias de las antiguas FARC aumentaron un 109 % con una presencia en 376 municipios, un 34 % de todo el territorio nacional.

Solo la facción de la Segunda Marquetalia, una de las disidencias, comandada por alias Iván Márquez, creció un 108 %, puntualizó el informe.

En el caso de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la cifra de integrantes subió un 22 %.

El informe también alertó que entre enero y agosto de 2025, al menos 544 personas murieron a causa de explosivos, lo que supone un aumento del 145 %.

El aumento de estos grupos armados ilegales también se reflejó en una escalada de violencia que afectó a líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Durante el mandato de Petro se registraron 3 115 agresiones, frente a las 3 544 del gobierno anterior del expresidente Iván Duque (2018-2022).

Pese a que las agresiones totales cayeron un 12 %, los asesinatos de estos líderes se mantuvieron en 618 casos y las desapariciones forzadas aumentaron un 34 %, con 78 casos.

Las organizaciones cuestionaron la política de «paz total» de Petro porque «no logró consolidar resultados sostenibles en los territorios» debido a fallas metodológicas, de articulación institucional y a la fuerte resistencia de sectores vinculados a la ilegalidad.

«El balance de la paz conduce así a una conclusión central: el fracaso de varios procesos de negociación no demuestra que una estrategia predominantemente militar pueda resolver el conflicto», indica el informe.

Las entidades instaron al nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella a defender los derechos humanos, la paz y la democracia, y evitar un retroceso en esa materia.

«La construcción de paz sigue requiriendo negociación política, inversión social sostenida, transformación territorial, desmantelamiento del paramilitarismo y sus redes de apoyo y garantías de verdad, justicia y reparación», añadió la información.

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