La Gobernación de Antioquia oficializó la «Operación Cazador Antioquia» (OCA) para localizar, capturar y judicializar a 19 objetivos de alto valor del departamento. El secretario de Seguridad, Luis Eduardo Martínez, detalló que este grupo élite unificará las capacidades del Ejército, la Policía y la Fiscalía General de la Nación.

La estrategia unifica la fuerza pública bajo un modelo operativo coordinado donde cada institución actuará según sus competencias constitucionales. El propósito central es neutralizar el impacto delictivo de los cabecillas del Clan del Golfo, las FARC, el ELN y la organización El Mesa.

«Son grupos especiales con capacidades de prevención, disuasión y control; hombres preparados para instalar puestos de control y ejercer presencia territorial», explicó Martínez. El funcionario precisó que la operatividad cuenta con un componente de Policía Judicial e inteligencia que trabajará articulado con un fiscal.

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El ala disidente de las FARC en la mira

El cartel de los más buscados incluye a Alexander Díaz Mendoza, alias «Calarcá», máximo cabecilla del Estado Mayor de los bloques y frentes de las FARC. Aunque fue capturado en 2024 en una caravana de la UNP, recuperó la libertad por disposición judicial bajo las políticas de paz total.

A «Calarcá» se le vincula con el derribamiento de un helicóptero y el homicidio de 13 policías en Amalfi durante agosto del año pasado. Dentro de esta misma estructura armada, las autoridades de Antioquia priorizaron la captura de otros coordinadores criminales de la región.

• Alias «Chejo» o «Alejandro»: Cabecilla del frente 36, liberado previamente por orden gubernamental; se ofrece una recompensa de 200 millones de pesos.
• Alias «Primo Gay» o «Emanuel»: Cabecilla del frente 5, investigado por ordenar extorsiones, ataques armados y el homicidio del periodista Mateo Pérez.
• Alias «Jhon Fiera»: Cabecilla del frente 4 y presunto determinador de una masacre de cuatro personas en la zona rural del municipio de Remedios.
• Alias «Samantha» o «Enfermera»: Vocera de la estructura, vinculada directamente a delitos de desplazamiento forzado, secuestro, extorsiones y narcotráfico.
• Alias «Diomer» o «Dientón» (cabecilla del frente 18) y alias «Chuzo» (integrante del frente 4), quienes completan los objetivos de este grupo.

Ofensiva contra el Clan del Golfo

El principal objetivo judicial dentro de esta estructura es Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias «Chiquito Malo», máximo líder de la organización. Sobre él pesa una orden de extradición vigente hacia los Estados Unidos, país que ofrece cinco millones de dólares de recompensa.

En el contexto regional, la persecución de la fuerza élite se enfoca en los siguientes mandos:

• Alias «Soldado»: Cabecilla de la subestructura Edwin Román Velásquez, investigado por un atentado terrorista donde murieron dos soldados profesionales.
• Alias «Simón» o «Fantasma»: Líder de los Pacificadores de Samaná, encargado del control de las finanzas criminales entre el Oriente y el Magdalena Medio.
• Alias «Elkin» y alias «Hugo» o «Vinagre», este último identificado como el cabecilla de la subestructura delictiva Oliverio Isaza Gómez.

Presión al ELN y las bandas urbanas

Frente al ELN, la operación busca capturar a Duván Chavarría Yarce, alias «Matías» o «Pantera», cabecilla de la Compañía Héroes de Tarazá. Las investigaciones lo señalan como responsable de múltiples hostigamientos contra civiles y uniformados en el Norte de Antioquia.

Junto a él aparecen alias «Verónica» (frente Capitán Mauricio), alias «La Negra» (frente Compañero Tomás) y alias «Nelson» o «Calvo» (frente Darío Ramírez). Estos cabecillas concentran los esfuerzos de búsqueda en las subregiones del Nordeste del departamento.

Finalmente, el plan de seguridad incluye a Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias «El Montañero», principal cabecilla del grupo delincuencial organizado El Mesa. Esta estructura mantiene operaciones en el Norte del Valle de Aburrá, el Oriente antioqueño y Bogotá.

El reporte oficial indica que Pérez Peña coordinaba actividades delictivas a pesar de haber integrado la Mesa de Paz Urbana desde la cárcel de Itagüí. Con este listado de 19 objetivos, la Gobernación busca afectar las capacidades de las estructuras responsables de la violencia regional.