La Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación por una serie de hechos de violencia ocurridos recientemente en el municipio de Briceño, Antioquia, que podrían constituir graves infracciones al derecho internacional humanitario (DIH). El organismo señaló que los eventos confirman el agravamiento de los riesgos advertidos en la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025.

Los hechos
Entre los incidentes documentados figura la interceptación de una ambulancia en la vía Yarumal-Briceño, donde fue asesinada la persona herida que era trasladada, en lo que la Defensoría calificó como un ataque directo contra la misión médica, protegida por los Convenios de Ginebra.

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El segundo hecho ocurrió en horas de la noche del viernes 3 de abril, cuando un artefacto explosivo fue lanzado contra una garita ubicada frente a la Estación de Policía de Briceño, según informó la Policía Nacional en Antioquia. La explosión se produjo a un costado de la estructura, generando afectaciones en el sector y dejando dos uniformados lesionados: uno con una herida en la rodilla izquierda —al parecer con fractura— y otro con aturdimiento severo producto de la onda explosiva. Ambos fueron trasladados por el Ejército y la Fuerza Aeroespacial para recibir atención médica. Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias y dar con los responsables.

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La Defensoría advirtió que estos hechos se suman a los documentados en el Oficio de Consumación de la ATI 019 de 2025, que ya había registrado enfrentamientos armados, uso de explosivos con efectos indiscriminados, desplazamientos forzados, confinamientos y homicidios de personas protegidas. Lo ocurrido evidencia, según el organismo, el incumplimiento sistemático de las normas humanitarias por parte de los actores armados presentes en la zona.

Ofrecemos hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que permita capturar a los responsables del ataque terrorista, con motocicleta bomba, en Briceño.

Este atentado dejó un Policía herido y daños materiales. pic.twitter.com/seMHSKT3Af

— Andrés Julián (@AndresJRendonC) April 4, 2026

Exigencias y medidas

La Defensoría exigió al Clan del Golfo —autodenominado EGC— y al Frente 36 de las disidencias, al mando de alias Calarcá, el respeto estricto e incondicional del DIH, en especial la protección de la población civil, la misión médica, los bienes civiles y los espacios comunitarios. Paralelamente, instó a las autoridades civiles, a la Fuerza Pública y a la Gobernación de Antioquia a activar protocolos de atención humanitaria, implementar medidas urgentes de protección diferenciada y garantizar la continuidad de servicios esenciales, con especial énfasis en la atención en salud.

El organismo también solicitó la convocatoria urgente de una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), con el fin de coordinar una respuesta estatal articulada, con enfoque diferencial y de derechos humanos, y de determinar si se requieren mecanismos adicionales de protección.

La Defensoría advirtió que el ataque contra la misión médica reviste una gravedad particular en el marco del derecho internacional y podría ser constitutivo de un crimen de guerra conforme al Estatuto de Roma. La situación en Briceño pone en riesgo la vida, integridad y seguridad de comunidades enteras, incluidos niños, adolescentes y líderes sociales, profundizando la crisis humanitaria en el norte de Antioquia.