El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a la investigación que adelanta la Fiscalía por hechos relacionados con las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Ituango, Norte de Antioquia, durante la década de los 90. 

En un video publicado en sus redes sociales, el exmandatario aseguró que no quiere permanecer en lo que calificó como un “limbo reputacional” y pidió que la justicia defina de fondo su situación. 

“Cualquiera que sea la jurisdicción que defina mi caso, pediré que me absuelvan o que me condenen como paramilitar y como matón”, afirmó.

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En el mismo pronunciamiento, Uribe negó nuevamente haber pertenecido a estructuras paramilitares y sostuvo: “Si yo hubiera sido paramilitar, lo habría sido de frente”. También manifestó que respetará la decisión que adopte la Corte Constitucional sobre el futuro del expediente. El exmandatario explicó que, aunque su defensa considera que la investigación no debió llegar a la Fiscalía, ha acudido a las diligencias citadas por ese organismo y continuará haciéndolo mientras se define cuál autoridad tiene competencia sobre el caso.

La investigación está relacionada con la presunta responsabilidad de Uribe en hechos ocurridos durante su periodo como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997. El expediente incluye las masacres de La Granja, ocurrida en 1996, y El Aro, en 1997; el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido en 1998, y la investigación sobre la presunta conformación de una estructura paramilitar en la hacienda Guacharacas, que pertenecía a la familia del expresidente. La Fiscalía indaga, entre otros, los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida.

Que me condenen o me absuelvan pero que no me dejen en este limbo reputacional. pic.twitter.com/TkCMDULdru

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 20, 2026

¿En qué va el proceso? 

El principal asunto pendiente es definir qué entidad debe continuar con la investigación. En agosto, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara pidió a la Fiscalía remitirle el expediente, argumentando que el fuero presidencial de Uribe podría darle competencia debido a la hipótesis de que el delito de concierto para delinquir se habría extendido hasta 2003, cuando ya era presidente. 

La Fiscalía rechazó ese planteamiento y sostuvo que los hechos investigados corresponden a 1996 y 1997, cuando Uribe era gobernador, por lo que considera que mantiene la competencia. El conflicto quedó en manos de la Corte Constitucional.

Como contexto, esta investigación por presuntos vínculos con el paramilitarismo no debe confundirse con el proceso por soborno en actuación penal y fraude procesal. En ese otro caso, Uribe fue condenado en primera instancia en julio de 2025, pero el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió en segunda instancia en octubre del mismo año; posteriormente, la Fiscalía acudió en casación ante la Corte Suprema. 

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