Por Carolina González Tabares
Directora ejecutiva de la Corporación Empresarial del Oriente

Hay carreteras que conectan territorios, leyes que ordenan sociedades y gobiernos que, legítimamente, llegan con nuevas visiones de país. Pero existe otra infraestructura, menos visible y mucho más difícil de construir: la confianza entre instituciones.

Colombia necesita cuidarla.

La discusión alrededor de la ANDI y la continuidad de su presidente, Bruce Mac Master, debería llevarnos a una reflexión que trascienda nombres propios. No se trata de defender a una persona ni de desconocer la posibilidad de que un nuevo Gobierno construya sus propios interlocutores. Se trata de preguntarnos algo más profundo: ¿qué tipo de relación queremos construir entre el Estado y las instituciones de la sociedad civil que han sobrevivido a gobiernos, ideologías y coyunturas durante décadas?

La ANDI tiene 82 años de historia. Como ella, Colombia cuenta con cámaras de comercio, gremios sectoriales, asociaciones empresariales, universidades, fundaciones y organizaciones sociales que constituyen un patrimonio institucional que no pertenece a un gobierno, a un dirigente ni a una generación.

Ese patrimonio merece ser preservado.

Y no porque las instituciones privadas sean infalibles. No lo son. Deben renovarse, escuchar nuevas voces, rendir cuentas, cuestionarse y evolucionar. Pero justamente allí reside una característica esencial de una democracia madura: las decisiones internas de las organizaciones privadas corresponden a sus propios órganos de gobierno, mientras que su relación con el Estado debe construirse desde el respeto, la independencia y la capacidad de interlocución.

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Hay, además, una razón práctica para hacerlo.

Los gobiernos trabajan inevitablemente bajo ciclos de cuatro años. Los territorios, las empresas y las sociedades no.

Transformar un sistema educativo, cerrar brechas de infraestructura, desarrollar nuevos sectores productivos, garantizar seguridad energética, formar talento, sofisticar cadenas de valor o convertir una región en un territorio competitivo puede tomar diez, veinte o treinta años.

Ahí aparece una de las funciones menos visibles de los gremios: custodiar conversaciones de largo plazo.

Cuando funcionan bien, reúnen capacidades que difícilmente caben dentro de una sola institución. Convocan empresarios, técnicos, universidades, comunidades y gobiernos, producen información, identifican problemas, construyen hojas de ruta y, quizá lo más importante, ayudan a convertir acuerdos en acciones.

Lo hemos aprendido en el Oriente antioqueño.

Nuestra experiencia territorial nos ha demostrado que cooperar no significa pensar igual. Significa reconocer que ninguna institución puede resolver sola desafíos como la movilidad, la seguridad, la sostenibilidad, la educación, el empleo o la competitividad. El verdadero valor aparece cuando capacidades diferentes consiguen encontrarse alrededor de un propósito común.

Los datos muestran, además, que este activo institucional importa. Durante los últimos años, el Edelman Trust Barometer ha ubicado a las empresas entre las instituciones que mayor confianza generan en Colombia. En 2023 registraban un 68 % de confianza y, en 2026, un 65 %. Más revelador aún: este año, el 74 % de los colombianos considera que las empresas tienen la responsabilidad de tender puentes y contribuir a generar confianza.

Esa confianza no es un cheque en blanco. Es una responsabilidad.

Y quizá esa sea precisamente la conversación que necesitamos.

Colombia atraviesa desafíos suficientemente complejos como para consumir nuestra energía institucional en discusiones que pueden resolverse dentro de los canales establecidos por cada organización. Tenemos por delante conversaciones determinantes sobre seguridad, energía, salud, competitividad, empleo y las condiciones económicas que enfrentan las empresas y los hogares.

En ese escenario, Gobierno y sector privado no necesitan pensar igual. Necesitan poder hablar.

La verdadera prueba de la institucionalidad no ocurre cuando todos coincidimos. Ocurre precisamente cuando pensamos distinto y, aun así, somos capaces de sentarnos alrededor de la misma mesa.

Al Gobierno le corresponde gobernar. A las empresas, producir, innovar, generar empleo y contribuir al desarrollo. A la academia, aportar conocimiento. A las comunidades, participar y exigir. Y a los gremios, algo especialmente importante: conectar esas capacidades y ayudar a que las cosas pasen.

Ninguno sustituye al otro. Todos se necesitan.

La confianza tarda décadas en construirse y puede deteriorarse con sorprendente rapidez. Por eso también debemos entenderla como una infraestructura estratégica del país.

Una carretera conecta lugares. La confianza conecta voluntades.

Y Colombia necesita hoy muchas más voluntades conectadas que trincheras enfrentadas.

Tenemos demasiados desafíos por resolver como para distraernos destruyendo los puentes que después necesitaremos cruzar.

Es tiempo de dialogar, respetar las instituciones y concentrarnos en lo esencial: trabajar juntos para sacar el país adelante y hacer que las cosas pasen.