El juez encargado del proceso contra el derrocado líder de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, descartó este jueves desestimar los cargos por narcoterrorismo contra el matrimonio, aunque cuestionó la vigencia de las sanciones que impiden a los acusados costear su defensa con fondos venezolanos.

En esta segunda audiencia celebrada en Nueva York tras su captura en Caracas el pasado enero, se vio a un Maduro visiblemente más delgado y con el cabello más canoso.

Entró en la sala, en la planta 26 de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, sonriente y dio los «buenos días» a su equipo legal, algo que también hizo su esposa, pero con un semblante más serio.

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Durante el resto de la audiencia ambos permanecieron en silencio y se vio a Maduro tomar notas.

Maduro mostró una ligera cojera, al igual que hace dos meses, y vestía el uniforme reglamentario de recluso: pantalones y una camiseta de manga de color caqui sobre otra camiseta de color naranja.

Maduro, un «caso único»

La defensa del político suramericano argumentó que el Gobierno de Estados Unidos está vulnerando la Sexta Enmienda de la Constitución.

Según los abogados de Maduro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) revocó las licencias que permitirían usar activos del Estado venezolano para sufragar sus honorarios, lo que dejaría a los acusados en una situación de indefensión al no poder elegir libremente a sus representantes.

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El juez Alvin Hellerstein, de 92 años, anotó en varias ocasiones que este es un «caso único» y se mostró crítico con la postura de la Fiscalía, que sostiene que el Ejecutivo debe mantener la facultad de usar las sanciones como herramienta de política exterior.

«El acusado está aquí. Flores está aquí. Ya no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional», afirmó el magistrado, subrayando que la situación política ha cambiado, debido a que Washington mantiene ahora contactos con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.

A pesar de estas declaraciones, Hellerstein fue tajante al rechazar la desestimación de la causa —como pide la Fiscalía— calificándola como una medida «demasiado seria».

El juez prometió emitir una decisión oficial sobre si ordenará a la Administración de Donald Trump permitir el acceso a los fondos para la defensa, pero aclaró que el proceso judicial seguirá su curso independientemente del método de pago.

También se habló en la audiencia sobre la petición de la Fiscalía de prohibir a los acusados compartir material probatorio con coacusados prófugos, entre ellos el aún ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, y el hijo del mandatario, Nicolás Maduro Guerra.

Hellerstein no dio una decisión final sobre este asunto, pero anotó que no es lo mismo «hablar» que «compartir».

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Un juez nonagenario

Los expertos estiman que el juicio formal no comenzará hasta dentro de uno o dos años, momento en el que el juez tendría 94 años.

Según The New York Times, el magistrado fue visto quedándose dormido durante un juicio el año pasado, lo que ha despertado dudas sobre su capacidad para conducir un proceso que se prevé largo y de extrema complejidad técnica.

Hoy Hellerstein tenía la voz quebrada, se vio forzado a parar en alguna ocasión para tomar agua, tuvo lapsus y tanto la defensa como la Fiscalía le pidieron que se repitiese por no poder oír o entender lo que decía.

Maduro enfrenta cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína.

Flores, por su parte, está acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.

Ambos se declararon «no culpables» el pasado enero, ocasión en la que Maduro se autodefinió como un «prisionero de guerra».

Este jueves, los abogados, además, expresaron preocupación por la salud de Flores, quien se encuentra pendiente de un ecocardiograma.

En su primera comparecencia en enero, la defensa ya había reportado lesiones en las costillas de la ex primera dama.

Créditos: Sarah Yáñez-Richards y Esteban Capdepon Sendra/EFE

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