El juez estadounidense Alvin Hellerstein fijó mañana, 15 de octubre, una audiencia en Nueva York para que el depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, respondan a los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas que les imputó la Fiscalía de Estados Unidos la semana pasada.

Según la orden emitida este miércoles por el juez y publicada en el archivo judicial del caso, la audiencia tendrá lugar a las 11 horas de la mañana (15:00 GMT) y versará sobre los cargos contenidos en la acusación actualizada contra Maduro y Flores.

La Fiscalía de EE. UU. presentó hace una semana cargos por conspiración para cometer torturas contra ambos y extendió la imputación de narcoterrorismo, que antes solo pesaba sobre Maduro, a Flores. Siguen acusados de conspiración para importar cocaína a EE. UU. y posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

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De acuerdo con el texto de la acusación actualizada, el Gobierno de Maduro infligió torturas contra opositores, militares y otras personas detenidas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses, y presuntamente siguió una estrategia de «represión y torturas» para mantenerse en el poder durante años.

Sobre la imputación por narcoterrorismo, Estados Unidos alega que Maduro y Flores conspiraron para distribuir y poseer «cinco kilogramos o más de mezclas y sustancias que contuvieran una cantidad detectable de cocaína» con la intención de proporcionar «valor económico» a personas u organizaciones relacionadas con «actividades terroristas».

Maduro y Flores fueron capturados el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York, donde permanecen detenidos mientras afrontan el proceso.

La audiencia de mañana supone la lectura formal de los cargos, tras lo que los acusados tienen derecho a declararse o no culpables.

El juicio está programado para junio de 2027, y el próximo 17 de noviembre está prevista otra audiencia en la que el juez abordará una solicitud para desestimar los cargos bajo la figura de la inmunidad soberana, a la que la Fiscalía de EE. UU. se ha opuesto.