
Contrarreloj para salvar $160 000 millones que financiarían ocho obras clave en el Oriente antioqueño
2026-10-22
Ocho obras viales consideradas estratégicas para el Oriente antioqueño están contra el tiempo. Aunque ya existen $160 000 millones destinados para financiarlas, los alcaldes de la subregión advirtieron que esos recursos podrían dejar de estar disponibles para estos proyectos si el Gobierno Nacional no define, antes del 31 de octubre, el mecanismo jurídico que permitirá ejecutarlos.
La preocupación surge porque el contrato de concesión de Devimed terminó el 31 de julio de 2026 y, desde el 1 de agosto, la operación de los corredores pasó al Invías. Sin embargo, quedaron pendientes $160 000 millones provenientes de excedentes de los peajes administrados por la concesionaria, dinero que permanece en una fiducia de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y que, desde hace varios años, fue proyectado para financiar ocho obras viales en el Oriente antioqueño.
El problema no es la existencia de los recursos, sino quién puede ejecutarlos ahora que terminó la concesión. Ese vacío jurídico mantiene en incertidumbre el futuro de las obras, pese a que varios municipios ya adelantaron la compra de predios y parte de los estudios necesarios para su construcción.
En ese contexto, los alcaldes del Oriente hicieron un nuevo llamado al presidente Abelardo de la Espriella, a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, y a la ANI para concretar una conciliación que permita que sea Devimed la encargada de ejecutar esos recursos durante la etapa de reversión del contrato.
«Hoy venimos a hacer un llamado de conciliación para que podamos sentarnos a conversar y conciliar, de alguna manera, los 160 000 millones de pesos de los excedentes del concesionario Devimed», afirmó el alcalde de El Carmen de Viboral, Hugo Jiménez Cuervo.
De acuerdo con los alcaldes, el Acta 30 de 2018 establecía que la reversión del contrato debía iniciar el 31 de octubre. Sin embargo, la finalización anticipada de la concesión el 31 de julio modificó ese cronograma y abrió un debate jurídico sobre la forma en que pueden ejecutarse los recursos.
Según la interpretación expuesta por los mandatarios y respaldada por abogados expertos en infraestructura consultados durante el proceso, hasta el 31 de octubre existiría la posibilidad de acordar que Devimed continúe ejecutando esos dineros durante la etapa de reversión. Después de esa fecha comenzaría la reversión definitiva del contrato y el mecanismo para utilizar los recursos cambiaría. Esa interpretación ha sido uno de los principales argumentos planteados por los alcaldes y el senador Esteban Quintero, aunque la decisión final corresponde al Gobierno Nacional y a las entidades competentes.
«Estamos pidiendo que se respete como fecha clave el 31 de octubre para el inicio de la reversión. Si eso ocurre, se podrían concluir las ocho obras que son trascendentales para el Oriente antioqueño», manifestó Jiménez Cuervo.
El mandatario aseguró que existe una alternativa jurídica para mantener la destinación de los recursos sin necesidad de nuevas apropiaciones presupuestales.
«Hay una posibilidad jurídica de recuperar estas obras sin requerir más recursos, porque esos 160 000 millones de pesos ya están comprometidos para ejecutar las ocho obras», afirmó.
Los alcaldes sostienen que, si antes del 31 de octubre no se formaliza una solución, los recursos dejarían de poder ejecutarse mediante Devimed y comenzarían nuevos trámites administrativos y jurídicos.
El senador Esteban Quintero ha advertido que, de vencerse ese plazo, los recursos podrían terminar en el Fondo de Inversión para la Paz (FIP), lo que impediría destinarlos a los municipios del Valle de San Nicolás. No obstante, esta corresponde a una interpretación jurídica planteada por el congresista y aún deberá ser definida por las autoridades nacionales competentes.
Para los alcaldes, además del dinero, también se perdería una ventaja técnica importante.
«Hoy el dueño de los diseños es Devimed y los está aportando. Si esos recursos pasan al fondo, esas garantías se pierden porque los municipios tendríamos que hacer nuevamente los estudios y diseños», explicó Jiménez Cuervo.
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El alcalde agregó que las administraciones municipales ya realizaron la gestión predial requerida para los proyectos, por lo que una nueva ruta administrativa significaría más tiempo y mayores costos.
También señaló que una decisión posterior al 31 de octubre podría afectar la acción popular que actualmente cursa en el Tribunal Administrativo de Antioquia.
«Devimed reclamaría los tres meses que no se respetaron, entre el 31 de julio y el 31 de octubre, lo que disminuiría los recursos para las obras», indicó.
Los $160 000 millones permitirían financiar ocho intervenciones priorizadas por los municipios del Oriente antioqueño:
Estas obras buscan intervenir algunos de los puntos con mayor congestión y accidentalidad del Oriente antioqueño, mejorando la movilidad entre municipios como Rionegro, Marinilla, El Carmen de Viboral, San Vicente Ferrer y los corredores hacia el aeropuerto y el embalse Peñol-Guatapé.
Durante un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, aseguró que el Gobierno buscará garantizar la ejecución de los recursos y dio instrucciones al Invías y a la ANI para avanzar en una solución.
«Sé que hay mucha ilusión de las comunidades y que los municipios ya hicieron unas inversiones. Esto sí o sí hay que cumplirlo y honrarlo. En un momento en el que la economía no crece, hay que ejecutar esto rápido a través del concesionario actual», expresó la ministra.
Ese anuncio fue recibido como un avance por los alcaldes, aunque insisten en que el compromiso debe traducirse en decisiones concretas antes de que finalice octubre.
Jiménez Cuervo informó que el presidente de la ANI manifestó su disposición para reunirse con los alcaldes y con la ministra de Transporte para definir una salida jurídica que permita asegurar la ejecución de los recursos.
«En muy pocos días les daremos la fecha exacta de esa reunión con la ministra de Transporte y el presidente de la ANI», concluyó.
Las próximas reuniones serán determinantes para establecer si los $160 000 millones continúan destinados a las ocho obras viales o si, por el contrario, deberán seguir un nuevo proceso administrativo. De esa decisión dependerá que proyectos para los que ya existen estudios, diseños y gestión predial puedan iniciar su construcción o vuelvan a quedar en espera.
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