
Presupuesto 2027: qué pasó en el Congreso, por qué será por decreto y qué viene ahora
2026-10-21
El Gobierno nacional confirmó que el Presupuesto 2027 (PGN) será expedido mediante decreto, luego de que una diferencia entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes impidiera que el proyecto culminara su trámite legislativo dentro del plazo fijado por la Constitución.
Aunque ambas corporaciones aprobaron la iniciativa, el articulado definitivo no quedó idéntico. La discrepancia se concentró en el artículo 65 y no pudo ser conciliada antes de la medianoche del 20 de octubre, fecha límite para aprobar el presupuesto. Ante esa situación, el Ejecutivo anunció que aplicará el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto para poner en vigencia el PGN por decreto.
Durante una declaración oficial, el vicepresidente José Manuel Restrepo, acompañado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, aseguró que «el Presupuesto General de la Nación no fue hundido ni rechazado por el Congreso». Agregó que el Gobierno expedirá un presupuesto por 634,9 billones de pesos, con base en el texto aprobado en primer debate por las comisiones económicas conjuntas.
El proyecto había superado las votaciones en el Senado durante la noche del 19 de octubre y en la Cámara de Representantes durante la madrugada del 20 de octubre. Con esas aprobaciones, el Gobierno daba por superado uno de los principales debates económicos del año.
Sin embargo, horas después comenzaron las revisiones del articulado y surgió una inconsistencia. La senadora Esmeralda Hernández advirtió que el artículo 65 no coincidía entre las versiones aprobadas por las dos cámaras, situación que posteriormente confirmó la Secretaría General del Senado.
La diferencia se originó porque una proposición presentada por el senador Juan Fernando Caicedo, relacionada con las coberturas financieras del Estado, fue retirada durante el debate en el Senado. No obstante, ese texto terminó incorporado en el documento que posteriormente aprobó la Cámara, dejando versiones distintas del proyecto.
El representante John Edgar Pérez explicó que el paquete de proposiciones le fue entregado por funcionarios del Ministerio de Hacienda y reconoció que la responsabilidad del error fue compartida entre el Legislativo y el Ejecutivo. Cuando se detectó la diferencia, el plazo constitucional ya había vencido y no era posible conformar una comisión de conciliación.

La Constitución establece que, si el Congreso no aprueba válidamente el presupuesto dentro del plazo previsto, el Gobierno puede ponerlo en vigencia mediante decreto.
En consecuencia, el Ejecutivo expedirá el texto aprobado en primer debate por las comisiones económicas conjuntas. Esto significa que se mantendrá el monto total del presupuesto, pero no las modificaciones incorporadas durante las plenarias del Senado y la Cámara.
Entre los cambios que dejarían de aplicarse figuran recursos adicionales para el sistema de salud, entre ellos cerca de 3 billones de pesos para las EPS y otros 3 billones para subsidios de energía y gas, además de otros ajustes aprobados durante la discusión final del proyecto.
El Presupuesto General de la Nación 2027 asciende a 634,9 billones de pesos. De ese total, cerca de 393 billones corresponden a funcionamiento, 147 billones al servicio de la deuda y aproximadamente 95 billones a inversión pública.
Durante el trámite legislativo también se aprobaron ajustes en la distribución de recursos para distintos sectores. Entre ellos había incrementos para salud y educación, así como reducciones para algunas entidades relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz, como la JEP. Varios de esos cambios no entrarían en vigor al expedirse el presupuesto con el texto del primer debate.
Con la expedición del PGN 2027 mediante decreto, el Gobierno garantiza que el país contará con un presupuesto para la próxima vigencia fiscal. No obstante, el episodio abrió un debate jurídico sobre el procedimiento adelantado por el Congreso y sobre el alcance de las modificaciones que finalmente regirán.
Superado este proceso, el Ejecutivo deberá presentar la Ley de Ajuste Fiscal, con la que busca reducir el déficit de las finanzas públicas mediante un ajuste estimado en 45 billones de pesos. Ese proyecto será el siguiente reto económico del Gobierno ante el Congreso.
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