El Gobierno de Abelardo de la Espriella publicará a finales de noviembre un decreto que por primera vez va a definir con coordenadas lo que Colombia considera como sus aguas territoriales nacionales en torno al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el Caribe.

Esta determinación, que quiere recoger las doce millas náuticas de aguas territoriales en torno a estas tres islas y el resto de islotes y arrecifes que componen ese archipiélago frente a las costas de Nicaragua, tiene el potencial para reactivar la disputa legal que sobre esta cuestión Bogotá y Managua han mantenido durante años.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo la decisión de expedir para el 30 de noviembre un «decreto de líneas de base del archipiélago» de San Andrés y publicarlo «en las cartas náuticas oficiales» de Colombia.

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«Vamos a cartografiar lo que es nuestro», afirmó, tras recordar que durante décadas sucesivos gobiernos colombianos han evitado delimitar con coordenadas precisas esta frontera marítima, motivo de controversia con Nicaragua.

«Colombia no cede una milla náutica, no cede un arrecife y no abandona a sus pescadores», apuntó el presidente, que en ningún momento se refirió directamente a la disputa legal con Nicaragua.

De la Espriella avanzó que su objetivo es «implementar una política de defensa integral del territorio» y convertir a San Andrés, la principal isla del archipiélago, en un centro de colaboración «con los vecinos demócratas» en los ámbitos del seguimiento marítimo, las operaciones de búsqueda y salvamento y la cooperación articulada contra el crimen.

Tras décadas de tensiones territoriales, Nicaragua demandó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2001 por la soberanía de este archipiélago y la subsiguiente delimitación de sus fronteras marítimas.

En 2012 el tribunal confirmó de manera unánime la soberanía colombiana sobre todas las islas, cayos y arrecifes, pero redefinió la frontera marítima entre ambos países, otorgándole a Nicaragua una amplia Zona Económica Exclusiva.

Once años más tarde, la CIJ puso fin al litigio al rechazar las pretensiones de Managua de extender su plataforma continental más allá de las doscientas millas sobre el mar territorial y el espacio marítimo de Colombia.

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