El proyecto de ordenanza n.º 37, que busca autorizar estudios de factibilidad para financiar obras viales mediante el mecanismo de valorización en Antioquia, fue aprobado en primer debate por la Comisión Económica de la Asamblea Departamental, con cinco votos a favor y uno en contra.

La iniciativa, cuyo ponente es el diputado Luis Gabriel Gómez, del Centro Democrático, pasará a segundo y último debate en la plenaria de la corporación.

De aprobarse, la ordenanza no establecería de inmediato el cobro de la contribución de valorización. Autorizaría al gobernador de Antioquia a avanzar de los estudios de prefactibilidad a la evaluación de la factibilidad técnica, financiera, contable y social de los proyectos.

Estos estudios permitirían determinar la viabilidad de intervenir aproximadamente 76,5 kilómetros de vías, distribuidos en tres corredores subregionales.

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Los corredores incluidos

El texto aprobado en comisión contempla cuatro proyectos de infraestructura agrupados en tres corredores:

-Ampliación de 5,8 kilómetros en la vía El Canadá–El Carmen de Viboral. 

-Mejorar 18,8 kilómetros entre La Unión y El Carmen de Viboral.

-Mejorar 16,4 kilómetros entre Jericó, Buenos Aires y La Bodega, en Andes. 

-Construir 35,53 kilómetros de vía nueva en Urabá, entre Ríogrande–Nueva Colonia–Embarcadero–Zungo–Casa Verde.

El proyecto de valorización que presentó el gobernador de Antioquia para financiar varios proyectos viales, la mayoría en el Oriente, fue aprobado en primer debate en la Asamblea de Antioquia.

El diputado Luis Gabriel Gómez, ponente del proyecto, explicó en MiOriente por qué se… pic.twitter.com/30Nhgnzbie

— MiOriente (@MiOriente) October 3, 2026

Ajustes a la propuesta

Durante la discusión, la propuesta original fue modificada. El corredor El Santuario–Providencia–San Roque, de 74 kilómetros, fue retirado del paquete para corregir la información catastral utilizada en su formulación.

Según explicó el diputado Gómez, los estudios iniciales emplearon el avalúo catastral de 2010 para Marinilla, municipio incluido en la posible zona de influencia del proyecto, pese a que cuenta con información catastral actualizada correspondiente a 2024 y 2025.

La Gobernación podrá ajustar la propuesta y presentar un proyecto de ordenanza específico durante el actual periodo de sesiones ordinarias, que se extiende hasta el 30 de noviembre, o evaluar su ejecución mediante una asociación público-privada (APP).

Este último esquema también se contempla para el tramo La Ceja–La Pintada, debido a sus elevados costos.

Exenciones y tratamientos especiales

Frente a las inquietudes sobre la capacidad de pago de la comunidad, Gómez señaló que el articulado aprobado excluye del cobro de valorización a los predios de los estratos 1, 2 y 3.

También indicó que se establecieron 11 causales de tratamiento especial para conceder exoneraciones o aplicar tarifas diferenciadas a poblaciones vulnerables y pequeños productores. Entre los grupos contemplados están:

– Madres cabeza de familia.

– Pequeños productores campesinos, artesanos y pequeñas industrias.

– Población desplazada y en proceso de retorno.

– Propietarios de predios ubicados en zonas de protección o conservación ambiental.

El cálculo de la contribución y la delimitación de las zonas de derrame —las áreas cuyos predios podrían estar sujetos al cobro— se sustentarán en estudios técnicos independientes elaborados por instituciones idóneas, como la Universidad Nacional.

El respaldo del ponente a la valorización

Gómez defendió la valorización como una herramienta para financiar el desarrollo regional. Como antecedentes, mencionó obras como la vía Las Palmas, la avenida Oriental, las transversales Inferior y Superior, la calle 34 de Medellín y las vías transversales de Rionegro.

Según el diputado, ante la falta de asignación de recursos del Gobierno nacional para grandes obras en Antioquia, este mecanismo representa una alternativa para impulsar la conectividad de los municipios.

El siguiente paso será la discusión del proyecto en la plenaria de la Asamblea Departamental, donde se decidirá si se autoriza avanzar con los estudios de factibilidad.