Los siete exintegrantes del último Secretariado de las extintas FARC iniciaron este 21 de septiembre el cumplimiento de la sanción propia impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por más de 21.000 secuestros cometidos entre 1982 y 2016. El hito judicial coincide con un nuevo pulso político en el Congreso de la República que busca poner fin al mandato de la jurisdicción transicional.

El inicio de las labores restaurativas se ejecuta en dos frentes simultáneos: la búsqueda y recuperación de cuerpos de personas no identificadas en el cementerio San Antonio de Padua de Pitalito (Huila) —en trabajo conjunto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y exintegrantes de la fuerza pública— y acciones de construcción de memoria histórica para las víctimas en Bogotá.

#Atención | Con la recuperación de cuerpos de personas no identificadas, el último Secretariado de las Farc-EP empieza a cumplir su sentencia por más de 21.000 secuestros.

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— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) September 23, 2026

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Los condenados —entre ellos Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Pastor Alape y Pablo Catatumbo— deberán cumplir un esquema estricto durante casi ocho años, entre septiembre de 2026 y marzo de 2034. La sanción contempla el porte obligatorio de un dispositivo de monitoreo electrónico en tiempo real, geocercas, residencia fija y prohibición de salida del país, mientras adelantan proyectos de desminado, infraestructura rural, medio ambiente y búsqueda de desaparecidos.

De forma paralela al arranque de estas sanciones, el senador por el partido Salvación Nacional, Enrique Gómez, radicó este 23 de septiembre un proyecto de acto legislativo que busca no prorrogar el mandato de la JEP a partir de 2028 y trasladar sus procesos a la justicia ordinaria.

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«La JEP se dedica solo a lavarle el rostro histórico a las FARC y a garantizar una simulación de penas. Ese acuerdo de la JEP está orientado a amnistiar lo inamnistiable», aseveró el congresista al fundamentar la iniciativa.

Hoy radicamos un Proyecto de Acto Legislativo para que la JEP no extienda su funcionamiento por cinco años adicionales.

La propuesta establece que el periodo de esta jurisdicción sea de 10 años y que, una vez cumplido, no pueda ser prorrogado nuevamente.

Planteamos que la JEP… pic.twitter.com/T3MMtLbAfF

— Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) September 23, 2026

La propuesta legislativa profundiza el debate sobre la continuidad de la justicia transicional en Colombia, sumándose a las recientes controversias presupuestales entre el Ejecutivo y el tribunal de paz.

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