Intergremial y Fenalco vuelven a pedir que se elimine la tasa de seguridad en Antioquia: estas son sus razones


Antioquia

2026-10-29

El Comité Intergremial de Antioquia y Fenalco Antioquia volvieron a pedirle al gobernador Andrés Julián Rendón que desmonte la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, un cobro departamental que comenzó a aplicarse en enero de 2025 y que tiene vigencia hasta diciembre de 2027. La solicitud fue presentada mediante un nuevo comunicado conjunto, en el que los gremios insistieron en que este tributo representa una carga adicional para el sector productivo y afecta la competitividad del departamento.

En esta oportunidad, las organizaciones empresariales sumaron un nuevo argumento a su petición: el panorama de financiación de la seguridad territorial y el eventual aporte de recursos por parte del Gobierno nacional. En el documento señalaron que “ante el nuevo panorama en el que el Gobierno nacional entregaría los recursos necesarios para la seguridad territorial, mantener este cobro departamental pierde justificación y razón de ser”. Además, advirtieron que la tasa, sumada a los costos operativos y las obligaciones tributarias, castiga la formalidad y pone en riesgo especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. “Necesitamos frenar la pérdida de empleo y evitar que el tejido empresarial siga asumiendo responsabilidades económicas que limitan su crecimiento”, agregaron.

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La oposición de Intergremial y Fenalco a este cobro no es nueva. Desde antes de su implementación, ambos gremios habían cuestionado la medida y advertido sobre sus posibles efectos en las finanzas empresariales, la generación de empleo y la competitividad regional. La tasa fue aprobada mediante la Ordenanza 50 de 2024 de la Asamblea de Antioquia y se cobra a través de la factura del servicio de energía eléctrica a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, así como a los sectores comercial, industrial y oficial. Los hogares de estratos 1, 2 y 3 están exentos. Para los gremios, la financiación de la seguridad no debería convertirse en una carga adicional para quienes generan empleo y sostienen la actividad económica del departamento.

Por su parte, la Gobernación de Antioquia ha defendido la continuidad del cobro y sostiene que los recursos son necesarios para fortalecer las capacidades operativas de la Fuerza Pública. En febrero de este año, el gobernador Andrés Julián Rendón aseguró que la tasa estaba “blindada jurídicamente” y que “sigue en firme”, al tiempo que defendió los resultados de su implementación. De acuerdo con el balance presentado por la Administración Departamental en septiembre, ya se habían invertido más de $473.000 millones en dotación para el Ejército, la Armada y la Policía, vehículos, motocicletas, equipos de comunicación, tecnología, mejoramiento de estaciones policiales y escenarios deportivos para la convivencia. Entre las entregas reportadas están 55 camionetas, 178 motocicletas, siete botes de apoyo fluvial, cinco antidrones, 574 cascos balísticos y 706 chalecos antibalas.

Así, el nuevo pronunciamiento vuelve a poner sobre la mesa la discusión entre el sector empresarial y la Administración Departamental sobre quién debe asumir los costos del fortalecimiento de la seguridad en Antioquia. Mientras los gremios consideran que el eventual respaldo financiero de la Nación abre la puerta para eliminar el cobro y aliviar las obligaciones de las empresas, la Gobernación ha defendido que la tasa permite atender necesidades de movilidad, tecnología y dotación de los organismos de seguridad. La petición de desmontarla anticipadamente también implicaría modificar la Ordenanza 50 de 2024, cuya vigencia está prevista hasta finales de 2027. Por ahora, los gremios esperan una respuesta del gobernador a esta nueva solicitud.e

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