El Museo Nacional de Colombia reinstaló este viernes, por orden judicial, las 63 piezas artísticas e históricas que habían sido retiradas de varias de sus salas el pasado 15 de octubre, en medio de la «batalla cultural» impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Entre las piezas que volvieron a sus lugares de exhibición hay afiches de las campañas presidenciales de los dirigentes de izquierda Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, ambos asesinados en 1990.

Durante un recorrido por el museo, la agencia EFE pudo constatar este viernes que estas obras se encuentran nuevamente expuestas en paneles y vitrinas, junto con documentos, publicaciones y elementos audiovisuales relacionados con la historia política colombiana.

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La reinstalación responde a una decisión del juez 24 de Familia de Bogotá, César Enrique Osorio Ortiz, quien el pasado miércoles ordenó al Ministerio de las Culturas y al Museo Nacional devolver las 63 piezas a las salas y lugares donde se encontraban exhibidas, en un plazo de 48 horas.

El fallo, que resolvió una acción de tutela presentada por el congresista Gabriel Becerra, también ordenó a ambas entidades abstenerse de retirar obras por razones relacionadas con su contenido o el punto de vista que expresan.

La controversia comenzó después de que se conociera que el Gobierno había ordenado retirar más de 60 elementos relacionados principalmente con los movimientos feministas y LGTBI, las víctimas de la violencia política y el acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC.

Entre las piezas retiradas figuraban una bandera del orgullo perteneciente a la activista Elizabeth Castillo y el llamado ‘Balígrafo’, una pluma elaborada a partir de una bala y utilizada para firmar el acuerdo de paz.

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La decisión de retirar las obras se enmarcó en la «contrarrevolución cultural» anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien cuestiona el ‘wokismo’ y considera que determinadas representaciones en espacios públicos constituyen una «apología del terrorismo».

La ministra de Cultura, Paola Holguín, defendió entonces la medida al afirmar que los museos públicos «no deben servir como instrumentos de adoctrinamiento político ni difundir versiones sesgadas de la historia».

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