La Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño (CEO), junto con los alcaldes de El Carmen de Viboral y Guarne, un representante de Asocomunal Oriente, la Asociación de Empresas Transportadoras del Oriente y Defencarga, sostuvo una reunión con la Superintendencia de Transporte para exponer las implicaciones de la reversión del contrato de concesión n.° 0275 de 1996, operado actualmente por Devimed.

Durante el encuentro, los asistentes manifestaron su preocupación por el proceso de reversión de más de 170 kilómetros de infraestructura vial, que pasarán a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) a partir del 1 de agosto. Según el comunicado, la entidad ha manifestado que, por ahora, no cuenta con los recursos necesarios para asumir durante este año la operación y el mantenimiento del corredor.

Uno de los principales puntos expuestos fue el riesgo sobre cerca de $160 000 millones provenientes de excedentes de peajes administrados por la concesión. Estos recursos estaban destinados a la ejecución de ocho obras viales estratégicas para el Oriente antioqueño, ya aprobadas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con diseños avanzados y, en varios casos, procesos prediales adelantados por los municipios.

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Entre los proyectos priorizados se encuentran el intercambio vial de la glorieta de la Clínica Somer, los retornos y puentes peatonales sobre la variante Guarne-Aeropuerto, el intercambio vial del sector Embalses y el retorno de San Vicente Ferrer con la autopista Medellín-Bogotá. Los municipios involucrados defienden que estas obras buscan mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y responder al crecimiento de la región.

Los asistentes solicitaron a la Superintendencia de Transporte acompañar la revisión del proceso de reversión, desde sus competencias de inspección, vigilancia y control, con el fin de identificar alternativas que permitan garantizar una transición planeada, proteger los recursos destinados a las obras y asegurar la continuidad de los servicios asociados al corredor vial.

La gestión también fue presentada ante el Ministerio de Transporte y la ANI, reiterando la necesidad de evaluar mecanismos que permitan preservar estas inversiones y garantizar la ejecución de proyectos concertados durante años con las comunidades y administraciones municipales.

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«La prioridad es proteger unas inversiones estratégicas para el Oriente antioqueño y garantizar que las decisiones alrededor de esta infraestructura se adopten con la planeación necesaria, pensando en la movilidad, la competitividad y la seguridad de miles de ciudadanos que diariamente utilizan este corredor vial», afirmó Carolina González Tabares, directora ejecutiva de la CEO.

Según González Tabares, la reunión permitió exponer la importancia de que las entidades nacionales evalúen alternativas que favorezcan una transición ordenada, salvaguarden los recursos de las obras priorizadas y garanticen la continuidad de los servicios que reciben los usuarios de esta infraestructura estratégica para el Oriente antioqueño.

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