En lo corrido de 2026, Medellín registra más de 21 954 accidentes de tránsito y un saldo de 237 personas fallecidas en sus vías urbanas, lo que representa cerca de 24 víctimas mortales más frente al mismo periodo del año anterior. En el departamento de Antioquia, el panorama de siniestralidad vial también es complejo: las muertes ya superan las 680 en corredores urbanos e intermunicipales.

Detrás de este incremento en la accidentalidad, quienes causan los siniestros enfrentan serias implicaciones jurídicas. De acuerdo con Moisés Tamayo Restrepo, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, los conductores implicados incurren, en principio, en tres tipos de responsabilidades: ante la autoridad de tránsito, penal y civil.

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La primera corresponde a las actuaciones y sanciones que imponen las autoridades de tránsito por comportamientos viales indebidos. En el ámbito penal, el hecho puede implicar una investigación cuando concurren elementos de delitos como lesiones personales u homicidio. Por su parte, la responsabilidad civil persigue la reparación económica de los perjuicios ocasionados a las víctimas o a sus familias.

Tamayo Restrepo aclara que estas consecuencias no operan de manera automática, sino que dependen de las circunstancias de cada caso y de lo que se pruebe procesalmente. Cuando se establece la responsabilidad, el causante debe indemnizar el daño emergente —gastos directos generados— y el lucro cesante, correspondiente a los ingresos que el afectado dejó de percibir. A esto se añaden las compensaciones por perjuicios morales o daños a la vida de relación.

«Las personas que causan los daños tienen que indemnizar el daño emergente y/o el lucro cesante, los perjuicios morales o daños a la vida de relación que causan en las personas», señala Tamayo Restrepo.

Un aspecto determinante radica en el respaldo financiero: si el responsable no posee un seguro frente a terceros, la obligación de indemnizar no desaparece y debe asumirse con su propio patrimonio. Finalmente, el experto recordó que el SOAT brinda coberturas médicas limitadas y no reemplaza una póliza de responsabilidad civil por daños a terceros.

«Los beneficios que trae ese seguro de daños a terceros, como se ha visto en otros países en donde sí es obligatorio, es garantizar que las víctimas puedan acceder a una eventual indemnización por parte de una aseguradora», agrega.