Una grave denuncia sobre amenazas y extorsiones contra la institucionalidad de Antioquia se conoció en las últimas horas, luego de que Empresas Públicas de Medellín (EPM) revelara que el Frente 36 de las disidencias de las Farc habría amenazado al Metro y a la Alcaldía de Medellín, en medio de una millonaria exigencia económica relacionada con el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. 

Según un informe de seguridad entregado por la empresa a la Cámara de Representantes, la estructura armada habría exigido un pago inicial de 5.000 millones de pesos y cuotas mensuales de $500 millones para no atentar contra la infraestructura y las entidades mencionadas. 

De acuerdo con el documento, las intimidaciones comenzaron en agosto de 2025 y se extendieron hasta los primeros meses de 2026. EPM explicó que, como mecanismo de presión, integrantes de esta estructura instalaron dos cilindros con explosivos en la vía de acceso a Hidroituango, hechos en los que un sargento del Ejército murió y un soldado resultó herido. 

La situación también afectó el ingreso de carga crítica al proyecto, que permaneció cerca de una semana sin recibirla. Sobre las exigencias económicas, el informe señala: “Las exigencias llegaron a $5.000 millones de entrada y $500 millones mensuales, con amenazas contra el proyecto, el Metro y la Alcaldía de Medellín”. 

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El informe también advierte sobre otros hechos que habrían comprometido la infraestructura energética del departamento. EPM atribuyó al Frente 36 ataques contra tres torres de transmisión de energía ubicadas en Medellín y Bello, así como sobrevuelos no autorizados de drones sobre la presa de Hidroituango durante marzo de 2026. Debido a las condiciones de seguridad, la compañía tuvo que restringir temporalmente el ingreso de sus trabajadores a sectores rurales de Briceño y al menos 17 veredas. 

La empresa señaló que las situaciones fueron puestas en conocimiento del Gaula, la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). 

La situación también motivó pronunciamientos de las autoridades. Tras un reciente consejo de seguridad en Medellín, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, anunció que se reforzarán las medidas de protección para la infraestructura crítica de Antioquia y los proyectos estratégicos de la región. «En especial vamos a reforzar lo que es la seguridad de la infraestructura crítica en Antioquia y de todos los proyectos regionales», manifestó el funcionario.

La comunicación de EPM también expone otras preocupaciones relacionadas con el accionar del Clan del Golfo en el Bajo Cauca y el Valle de Aburrá. Entre ellas menciona restricciones al ingreso de trabajadores, retenciones y expulsiones de cuadrillas, además de presuntos cobros ilegales por el suministro de agua en el sector de Granizal, en Bello, donde también se habrían presentado amenazas contra conductores de carrotanques y líderes comunitarios. 

A esto se suma la alerta por minería ilegal en las zonas de influencia de las centrales Porce II y Porce III, donde la empresa reportó 26 socavones y campamentos con aproximadamente 124 personas. Las revelaciones ponen nuevamente sobre la mesa los riesgos que enfrentan los proyectos de infraestructura y servicios públicos de Antioquia por cuenta de las estructuras armadas ilegales.